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#ParoArmado Se han violado derechos fundamentales: Defensoría

A través de sus Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo reporta que en varios municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba y Norte de Santander está paralizado el servicio de transporte por carretera y fluvial, y se registra cierre de colegios y comercios.
La Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento nacional a las implicaciones por el paro armado de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, en el que se ha reportado la paralización absoluta en Lorica (Córdoba), Riosucio (Chocó), Apartadó y Turbo (Antioquia), así como en otros puntos del país la obstrucción de vías, la interrupción de clases en colegios y la pintura de grafitis en casas y vehículos que causaron temor en los habitantes.

En un reporte inicial del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se informó de afectaciones en la movilidad como en el sector del Planchón de Valencia, que une a Córdoba con el Urabá. Desde Tierralta, Valencia, Moñitos, Canalete y Los Córdobas no se están despachando vehículos hacia Montería. Entre tanto, los 15 planchones que movilizan a la población entre Cereté y Lorica, dejaron de funcionar.

Además de la falta de transporte, en los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio, en el sur de Bolívar, en algunos colegios se decidió suspender clases como medida de prevención.

En zona rural de Cúcuta, en el corregimiento de Guaramito, los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas como medida preventiva de seguridad, debido a las amenazas de los grupos ilegales de quemar los vehículos en la zona. Entre tanto, en San Onofre, Sucre, el comercio no abrió.

Antioquia ha sido un departamento muy afectado debido a que además de la paralización en Turbo y Apartadó (en donde incluso el centro comercial fue cerrado), en otros cuatro municipios se han cometido actos delincuenciales como en Necoclí, en el sector de Mulatos, donde fue atravesado un árbol para impedir la libre movilidad. Situación similar a la que ocurrió en el sector de Balsillas, de San Juan de Urabá, donde una tractomula fue dejada en la vía.

También se reportó la pintura de grafitis con las iniciales de AGC en la oficina del punto de atención a víctimas de Riosucio (Chocó), en la Institución Educativa Nueva Colonia, la Iglesia y una oficina de apuestas en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo; así como en el barrio San Marino, de Carepa, en donde siete viviendas y cinco vehículos tenían estas pinturas.

Por otra parte, también en Antioquia, las autoridades reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y Turbo, y en un puesto de control de la Policía en Chigorodó, sin que se presentaran heridos. De igual manera, se han registrado restricciones a las actividades de comercio, transporte y educación en los municipios de Uramita, Cañasgordas y Briceño.

Por último, en un hecho que hace parte de las investigaciones de las autoridades, se informó del asesinato de un militar en la región del Urabá, quien manejaba un vehículo particular, en el que se movilizaba con su esposa y su hija. Las circunstancias no son claras en cuanto al grupo ilegal que cometió el crimen.

La Entidad había advertido del accionar del AGC y por eso el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, solicitó el pasado miércoles a los ministros de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; del Interior, Juan Fernando Cristo, y a la Viceministra de Asuntos Políticos, Sandra Devia, la adopción de medidas urgentes efectivas de seguridad para mantener el orden público en las regiones de influencia de las AGC.

Para el Defensor del Pueblo “es grave que los grupos armados ilegales estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales como la educación”.

A través del SAT, la Entidad había informado sobre la ocurrencia de hechos delictivos por parte de las AGC en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Santander y Sucre, en donde se seguirá manteniendo la labor en terreno para informar y prevenir violaciones de derechos humanos en contra de la población civil.