Aunque tengas las esposas puestas, tienes tus derechos

Por: Toño Sánchez Jr.

Ha hecho carrera en este país que las personas detenidas pierden toda su condición humana y dignidad. Independiente al repudio que pueda generar su acto, el Estado está en la obligación de respetar todos sus derechos y su vida, así el condenado no haya respetado la de los demás.

En Colombia no existe la pena de muerte ni el destierro ni las penas irredimibles ni la pena de muerte por encargo ni la venganza carcelaria.

Un Estado, que profesa a los cuatro vientos que es un Estado de Derecho, no puede comportarse igual de criminal a los delincuentes que persigue. Ni puede pagar con la misma moneda a las personas que condena en un juicio.

El sistema penitenciario de Colombia es lo más ruin, despreciable y humillante que pueda tener este país. Allí en esas cárceles nadie se va a resocializar, las personas nunca van a cambiar, van es a odiar más al sistema y a los demás. Porque allí se pierde la dignidad humana, los Derechos Humanos no existen en las cárceles de Colombia. Me refiero en especial, a donde están hacinados la mayoría de reclusos, no a los patios especiales donde las condiciones no son nada de terribles como las que viven la gran mayoría de detenidos.

No quiero referirme a la gran cantidad de personas inocentes detenidas y condenadas que están en las cárceles de Colombia. La gran mayoría porque abogados que litigan en lo penal no saben hacer una eficiente defensa técnica. Y jamás la van hacer, porque son unos mediocres profesionales que jamás estudiaron en la universidad.

Hoy quiero referirme a un caso en especial, que estoy seguro también ilustra los que padecen miles de detenidos en este país.

En mayo de 2014 fue detenido en Medellín Manuel Salvador Ospina Cifuentes, conocido con el alias de ‘Móvil 5’, mano derecha de Fidel Castaño y Vicente Castaño en aquellos tiempos de las Autodefensas. Fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Pueblo Bello y lo sindican de haber comandado y asesinado a Carlos Castaño Gil por orden de su hermano Vicente, más conocido como ‘El Profe’.

En octubre de 2016 le diagnostican a este condenado cáncer de colon. Su salud comienza a deteriorarse con el riesgo de morirse en cualquier momento. Yo entiendo que muchas personas, en un caso como este, desearían que esta persona muriera de la manera más cruel, por todas las malas acciones que haya realizado. Lo que pasa es que cuando se piensa así, ¿qué diferencia hay entonces entre esa persona que lo desea y el condenado? Nos ubicamos aquí nuevamente en el punto de que el Estado no puede ser tan criminal como los delincuentes a los que persigue. Nosotros como ciudadanos, igual nos pasa, no podemos comportarnos, ni pensar ni ser como los delincuentes que son condenados o perseguidos.

El especialista que valoró a Manuel Salvador Ospina ordenó como tratamiento 12 quimioterapias. Para 2016 el Inpec tenía un convenio con el hospital San Rafael, allí es remitido por cuatro días para que se realicen dos. El 31 de diciembre de 2016 termina el convenio por lo que se suspenden las quimioterapias. Y solo le vuelven hacer una más en julio de 2016.

El juez que lo condena dice que debe ir a una prisión hospitalaria, pero para ello debe ir a medicina legal a una valoración. Lo llevan, pero los del Inpec inexplicablemente ‘desaparecen’ la carpeta con su historia clínica. Razón por la cual el médico legista no puede hacer ningún examen. Semanas después lo llevan a que le realicen unos exámenes de laboratorio. Este es un edifico de varios pisos, las pruebas las hacen en el séptimo. Luego deben ir al cuarto piso por un sello y por último al primero por las medicinas. Todos estos pasos los tienen que hacer funcionarios del Inpec, pero muchas veces no lo hacen porque no les da la gana. Con lo cual los perjudicados son los detenidos.

No hay que pasar por alto esta letal estadística: 22 muertos lleva La Picota de internos que han muerto por ser mal atendidos.

Las condiciones inhumanas en las que están los presos de Colombia son suficiente castigo para sumarle el de la mala atención a sus enfermedades. Si bien es cierto que todos estos internos tienen una deuda con la sociedad, más cierto es aún que el Estado no puede por sus omisiones agravar sus condiciones de salud, hasta el punto de ponerlos en riesgo de muerte.

Las personas que les realizan quimioterapia se les bajan las defensas y deben estar casi que aisladas. Pero ahora el nuevo director de ‘La Picota’, Jorge Alberto Contreras Guerrero, quiere trasladar a Manuel Salvador Ospina Cifuentes a otro patio en donde hay alto riesgo de que sus complicaciones de salud empeoren y pongan en riesgo su vida.

Lo reitero, son presos, condenados, pero tienen sus derechos.

Esto que pasa con este detenido en especial es lo mismo que le ocurre a centenares de detenidos en todas las cárceles del país.

Párrafo aparte merece la comúnmente llamada cárcel ‘Las Mercedes’ de Montería. Lo que allí se ve es lo más denigrante para un ser humano. El hacinamiento está en casi un 200%. Los techos tienen filtraciones, la tubería sanitaria no sirve, la comida no es la mejor; la violencia y consumo de drogas al interior es incontrolable. Es inminente que una tragedia de cualquier naturaleza allí suceda.

Es en estos momentos en que yo me pregunto si existe una entidad que se llama Defensoría del Pueblo. Qué vergüenza que entidades como estas no sirvan para un carajo, sino solo para burocracia.

Este es un país que necesita construir más cárceles, pero que sirvan para resocializar, para redireccionar la vida de los internos y que sea respetuosa de los Derechos Humanos y de la dignidad humana.

Claro está, que un país que construye más cárceles que escuelas y universidades está endiabladamente mal.

@Tonsanjr 

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