Contraloría reporta hallazgos administrativos en auditoría a Infivalle

El lío económico de la licorera pasa también por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca.

La crisis de la Industria de Licores del Valle, ILV, además de las deudas que tiene el comercializador con la empresa y con Infivalle, pasa por investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía.

Las denuncias persistentes de la diputada del Valle Juana Eloisa Cataño; determinaron que la Contraloría del Departamento produjera un informe final en el que formula dos hallazgos.

Uno de ellos tiene que ver con la irregularidad en que le fueron otorgados por Infivalle unos créditos al contratista Consorcio Suprema (único distribuidor de licores), que ya superan $15 mil millones; bajo un periodo en el que estaba Gustavo Roa, como gerente encargado de Infivalle; y sólo tenía esas atribuciones el gerente financiero Leonardo Ángel López, ausente en ese momento.

El otro hallazgo, concordante con el anterior, es la extralimitación de funciones de Roa, al asumir labores no autorizadas.

A pesar de que el consorcio Suprema suscribió un contrato, para vender 8,5 millones de botellas de aguardiente blanco del Valle durante el 2017, la meta no se cumplió. Apenas vendieron algo más de 4.5 millones de botellas de 750 c.c.

Por ello que dice la diputada Cataño, que se “configura un abierto incumplimiento por parte de esa firma comercializadora con el departamento”.

Como se sabe el dinero proveniente de los impuestos por las ventas de licores, tienen una destinación específica: van directo a los programas de salud, deporte y recreación en el Valle.

La diputada Cataño abiertamente habla de corrupción con incidencias penales, por lo cual ya declaró bajo juramento ante la Fiscalía General de la Nación.

La asambleísta habla de hechos irregulares al sostener el contrato con el distribuidor que no ha cumplido con lo acordado.

“La gobernadora sale a atacar la ley de licores y la resolución que la regula para tapar la corrupción y el desgreño que hay en las dos entidades”, dice la diputada Cataño.

Allí se refiere a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a las entidades Infivalle y a la ILV.

Un parágrafo del contrato reza textualmente: “Si durante el plazo en este numeral se incumple por parte del contratista la cuota pacta (sic) medida cuatrimestralmente a partir de abril del 2017, el contrato se resuelve de pleno derecho sin declaración judicial alguna, y el mismo se entiende incumplido para todos los efectos legales, siendo procedente el cobro de la cláusula penal pactada en el contrato inicial, la que conserva vigencia”.

Por todo esto la diputada pide acciones contra funcionarios de Infivalle y la ILV, de carácter administrativo y penal para proteger el patrimonio público de los vallecaucanos.

“La gobernadora le atribuyó la crisis de la licorera al alcalde Maurice Armitage por decretar la ley seca durante la fiesta a las madres en mayo pasado, pero la verdad es que el problema surgió desde mucho antes”, dijo la diputada.

Los incumplimientos de la empresa Suprema son de años anteriores. En 2015 apenas vendió 3 millones de botellas, lo que generó millonarias pérdidas a la ILV.

En el 2016, hubo una recuperación y se llegó a 10 millones de botellas luego de una campaña, cifra que dio pie para que en el 2017 continuara ese mismo contrato.

Denunció que de manera extraña se le ha permitido que Suprema incumpla en todo sentido, incluso ha entregado 19 cheques sin fondos que suman $10.000 millones y apenas han denunciado judicialmente seis de ellos.

Finalmente, la asambleísta dijo que la parte contratista, teniendo el monopolio de la distribución, inexplicablemente ha dejado sin surtido de licores del Valle a los vendedores mayoristas.

 

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