Córdoba, con 70.000 hectáreas menos de humedales

Por: Eduardo García –

La ciénaga Grande del Bajo Sinú ha perdido cerca de 26.000 hectáreas. La situación deja sin amortiguamiento las crecientes de los ríos.

Es vox populi en Córdoba que el problema de las inundaciones se origina, principalmente, en el robo que han hecho particulares –en algunos casos con el auspicio de las autoridades– de terreno de las ciénagas y demás ecosistemas como pantanos, lagos y entornos similares, los cuales anteriormente servían de amortiguamiento de las crecientes pero que ahora son extensiones ganaderas, a partir de acciones inescrupulosas de construcción de terraplenes.

“Los terraplenes los han construido particulares que se ha apoderado de la Ciénaga desde hace unos 20 años. So fincas de ganaderos que se apropiaron de esos terrenos”, señala el alcalde de Momil, Emiliano Lugo.

El problema, que ha permanecido latente desde hace cerca de tres décadas, sin que hasta el momento haya mediado alguna acción jurídica para frenarlo, sale a relucir en cada emergencia invernal como la actual, por el rebosamiento del río Sinú, que deja a más de 13.000 familias entre afectadas en los municipios de San Pelayo, Cereté, Lorica, Momil, Purísima y San Bernardo del Viento.

El río Sinú, regulado en la cuenca alta por la hidroeléctrica Urrá, termina sin capacidad de amortiguamiento en las cuencas media y baja porque gran parte de la ciénaga grande del bajo Sinú que sirve de colchón en las crecientes sobre las jurisdicciones de Lorica, Chimá, Momil y Purísima, además de otros deltas, ha perdido extensión y capacidad de amortiguar el agua que abre boquetes y arrasa con propiedades campesinas, casas, enseres y animales de corral.

El análisis en ese sentido lo hace Juan José López, asesor general de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Sinú (Asprocig), integrada por 32.000 personas de 9 municipios que son: Lorica, San Bernardo del Viento, Cotorra, Chimá, Tuchín, San Andrés de Sotavento, San Antero, Momil y Purísima. La asociación funciona desde 1991 como una organización ambientalista y defensora de derechos humanos.

Un análisis. De acuerdo con Asprocig, de 53.000 hectáreas que tenía la ciénaga Grande del Bajo Sinú hace más de 50 años, hoy cuenta solo con 27.000 hectáreas, es decir, se ha reducido casi a la mitad, sin contar con los demás ecosistemas que existían en la margen izquierda, que sumaban cerca de otras 10.000 hectáreas, actualmente disecadas. Esa es casualmente el área hacia donde el río Sinú ha abierto boquetes en los puntos Nicolasa, Mata de Caña, Monpox y Palo de Agua.

“Al perder las ciénagas capacidad de amortiguamiento, lo que ocurre es que ese volumen de agua que trae el río Sinú busca salida por la cuenca baja. Por eso, poblaciones como Lorica, Purísima, Chimá, San Bernardo del Viento y Cotorra son las de mayor vulnerabilidad frente al tema de inundaciones. Eso cada vez será peor porque la tendencia es a seguir disecando”, explica López.

Solo entre los municipios de Momil y Chimá, que están en jurisdicción de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, existen 34 kilómetros de terraplenes construidos por privados, según lo advierte el alcalde de la primera localidad citada, Emiliano Lugo.

Por ello, el mandatario hace un llamado a la Agencia Nacional de Tierras, a la Corporación Autónoma Regional, CVS, para que, con apoyo de las Alcaldías, definan acciones que permitan frenar que las finca con terrenos de humedales existan.

Orden de la corte

Cuando apenas empezaba el problema de desecación, es decir, hace 18 años, la Corte ordenó que las alcaldías y los concejos de Montería, San Carlos, Momil, San Antero, Moñito, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Chimá, Purísima, San Bernardo del Viento, Lorica, Cereté, Valencia y Tierralta debían “suspender toda obra de relleno y desecación de pantanos, lagunas, charcos, ciénagas y humedales en el territorio de sus municipios”.

También deben los mismos entes, de acuerdo con la sentencia, “regular la manera en que se hará exigible en esos municipios cumplir con la función ecológica que le es inherente a la propiedad (Constitución Política Art. 58), establecer y cobrar las obligaciones que de tal función se desprendan para los particulares y entes públicos”.

El único aporte académico a este problema –que se conoce hasta el momento- lo entrega una investigación de la Fundación del Sinú, perteneciente a la Universidad del Sinú, realizada por los expertos Víctor Negrete Barrera, José Galeano Sánchez y Darío Rangel Monterrosa, y que titularon: ‘Los Humedales de Córdoba, ¿Condenados a Desaparecer?’.

Se logra detectar a simple vista, tras el informe que fue publicado en 2015, pero actualizado con los datos más recientes que, de al menos 140.000 hectáreas de humedales que se detectaron en Córdoba hace algunos años, se han perdido por lo menos 70.000, “ante la indiferencia de las instituciones encargadas de preservarlas, los gobiernos locales, las personerías, los concejos, los organismos de control y la misma población”.

De acuerdo con la investigación de la Fundación del Sinú, en Montería solo quedan 1.300 hectáreas de Ciénagas y otros ecosistemas de un total de 9.601 hectáreas con las que contaba el área rural de esta capital.

La Fundación del Sinú detalla que se perdió la ciénaga de Atachicá, que tenía 150 hectáreas, se han perdido 1.400 hectáreas de la ciénaga de Betancí, que antes tenía 3.200 hectáreas; se perdió la ciénaga de Berlín, que era de 50 hectáreas, la de Bohórquez, las 500 hectáreas de la ciénaga de Carrizal, las 100 hectáreas de la Pozona, la 225 hectáreas del Vidrial y las 1.590 de el Cerrito. Igualmente se perdieron los humedales de El Diluvio, el Garzal, el Infierno, el Desvelo, la Fortuna, Jaraquiel, Juanillo, los Araújos, y Larga.

Entre tanto han desaparecido también en Montería, aproximadamente 60 kilómetros de caños y quebradas, entre los que citan los investigadores sociales a: Machena, el Cucharo, Verdinal, Tenerife, Morrocoyera, Palmito, San Roque, Varadero, Palmito, Doble Cero, los Naranjos y el Limón. Se han perdido además 400 hectáreas de pozos y bajos entre los que estaban: las Palomas, Ahuyamal, la Yaya, Bonito y Ni Se Sabe.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El representante a la Cámara cordobés Fabio Amín, del partido Liberal, sostiene que seguramente mucha de esa agua que desde hace un mes está afectando a los pobladores cordobeses estuviera represada en las ciénagas y en los cuerpos de agua que son propios del esquema de la naturaleza. Sugiere el político unas intervenciones definitivas para la solución al problema de inundaciones que se repite con frecuencia.

“Ya no hay actores armados ilegales que entren a defender los territorios de los cuales se fueron apropiando algunos particulares, es el momento en el que la Corporación Autónoma de Córdoba, CVS y la propia Policía Nacional, asuman esa responsabilidad de la recuperación de esos espacios de Betancí, Caimanera, Bajo Sinú, Ciénaga de Ayapel, Martinica y demás zonas que han estado afectadas por la apropiación ilegal de terrenos baldíos que son de la nación”, sostiene el parlamentario.

Una gran pérdida en Cereté

Para el caso del área rural de Cereté la Fundación del Sinú estima que solo quedan 240 hectáreas de humedales de 6.676 hectáreas que hubo hace unos 45 años.

Esas 240 hectáreas son las de la ciénaga de Corralito, que tuvo 2.500 hectáreas, mientras que desaparecieron en su totalidad las ciénagas de la Coroza, la Pozona, la Gran China, la Piscinga, el Vichá, De Los Pobres, Zapal y San Antonio, Wilches y Chuchurubí.

Además se han perdido 2.846 hectáreas de pantanos, que antes se llamaron: Playas de Arroz, Charco Pelado, la Coroza, la Pozona, la Ceibita, el Tapón y el Nipe.

Para el caso de San Pelayo la investigación universitaria precisa la pérdida de 340 hectáreas de humedales así: Charco Amarillo 80, Sopa Conejo 80, el Oyeto 30, la Manzanita 40, Pantano Banges Páez 80 y Berlín 30. También desaparecieron las 420 hectáreas que conformaron los charcos las Baretas, la Gaviria, los Llorente, Miramar y Arteaguero.

Igualmente se han perdido en San Pelayo 240 hectáreas de ciénagas llamadas el Limón, la Pacha y Guarumal; además de 160 hectáreas en los pantanos los López, los Naranjo y los Fajardo; así como 290 hectáreas en los charcos que antes se llamaron: Bollo de Plátano, Charco Jorge, Lanté, Majagua, Pozo Pancho, Burra Vieja, Pujío y Punta del Toro.

Tomado de El Heraldo –

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