Cuando la ‘Justicia’ se pone al servicio de poderosos constructores

Por: Toño Sánchez Jr.

Siempre creí que esto del Derecho era lógica y sentido común. También estuve convencido de que la justicia buscaba defender a las víctimas, en especial, aquellas que concurren de primero en busca de justicia. Está claro que en Montería, la ‘Dama de la Justicia’, no lleva ninguna venda en los ojos, sino unas gafas con buen aumento para ver bien a quien beneficiar.

Hace un tiempo unos ciudadanos, víctimas de una construcción en el barrio El Recreo, llamada Montana Tower, se dieron a la tarea de defender sus derechos. La Alcaldía, representada en su Secretaría de Planeación, se puso de parte de los constructores sin disimulo alguno; lo mismo hizo la Curaduría Segunda. Razón por la cual los afectados con el edificio decidieron asesorarse de un abogado especializado en Derecho Urbano. Quien fue el encargado de solicitar la Audiencia Innominada que le correspondió presidir al Juez Segundo Penal Municipal Ambulante, con funciones de control de garantías, David Vélez.

Esta Audiencia se realizó el día miércoles 15 de noviembre, en la ciudad de Montería a las 9 de la mañana.

La sensación que quedó después de la mencionada Audiencia es que el Juez y la Fiscal 29, Patricia Petro Rodríguez, parecían más de la parte de los constructores de Montana Tower.

Por una parte el Juez decía que no sabía de qué trataba la Audiencia, pero cuando intervenía tenía pleno conocimiento de lo que se estaba ventilando, sin  ni siquiera escuchar a las víctimas o afectados por la construcción.

Por su parte, la Fiscal 29 reconoció que en su despacho existía un denuncio contra personas indeterminadas por esos mismos hechos, pero que esta investigación “está en ciernes”. Con lo que quedó demostrado que la Fiscalía no ha hecho nada con esta denuncia que tienen en sus manos desde julio de 2016. La Fiscal 29 le dijo al Juez que no tienen pruebas de nada y que a penas “estamos en actos de investigación”. Extrañeza causó una frase de la Fiscal 29 cuando dijo: “Teníamos previsto esto”. No se sabe si lo dijo en alusión a que estaban todos preparados entre ellos para afrontar a las víctimas de la construcción.

Lo que sí no le dijo la Fiscal 29, Patricia Petro Rodríguez,  al Juez David Vélez, fue que la denuncia lleva 16 meses en la Fiscalía 29 y que no han hecho nada. Tampoco le dijo al Juez que los demandantes aportaron todas las pruebas de las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso de adjudicación de la licencia del proyecto. También olvidó mencionarle que los demandantes aportaron un informe de la Contraloría Municipal de Montería en donde están plasmadas todas las irregularidades que hay con estos procesos en esta ciudad.

El abogado representante de los afectados jamás manifestó que estuviera interesado en quienes han comprado apartamentos en ese edificio, ni que ellos fueran el objeto de la diligencia; pero el Juez y la Fiscal, en un ardid jurídico, más no ilegal, decidieron irse por ese camino, y se pusieron de acuerdo en ese sentido.

Razón por la cual, el Juez decidió que todas las personas que han comprado en Montana Tower son afectados y deben estar representados en la Audiencia. Por lo que convocó para el 11 de enero de 2018 a una nueva Audiencia en donde estén presentes todos los afectados o sus apoderados.

El Juez David Vélez ordenó a los responsables de Montana Tower a que debía hacer llegar la citación a todos los propietarios de los apartamentos de la edificación que están construyendo, para que se presenten a la Audiencia del 11 de enero de 2018.

Estos propietarios son el 75% de Montana Tower, así lo indicó la abogada que representaba los intereses de esta construcción, María Angélica Negrete. Quien al final de la audiencia manifestó su molestia y oposición a tener que ser sus apoderados quienes notifiquen a los nuevos propietarios de esta cuestionada construcción.

La abogada Negrete defendió la legalidad de la licencia del proyecto. Afirmó con vehemencia que “aquí no hay nada ilegal” y que todos los permisos fueron expedidos por las autoridades y que “están en regla”.

Cabe anotar que el Ministerio Público solicitó que se escuchara al abogado de las víctimas, pero el Juez no lo permitió. Como tampoco que se tomaran fotos en la Audiencia. Decisión no ilegal, pero sí extraña. Cuando en el noveno piso se celebraba la Audiencia Preparatoria del juicio del caso Jairo Zapa y allá si permitieron fotos.

Principales controversias por Montana Tower: 

  1. No se socializó el proyecto entre los residentes del barrio El Recreo con el argumento de que allí no existía Junta de Acción Comunal. Pero se les olvidó de que allí sí vivían seres humanos.
  2. La Alcaldía de Montería, en especial su Secretaría de Planeación, no evaluó el informe que le presentó el constructor en ese sentido.
     
  3. Esto se infiere de la decisión que tomó la Secretaría de Planeación de Montería. El 12 de diciembre de 2013, a las 5 de la tarde, los constructores les presentaron la solicitud del Plan de Implantación; y al día siguiente, el 13, se lo aprobaron. Todavía es un récord que no ha sido superado. ¿Por qué esa prisa? O ¿Por qué tanta diligencia antes de Navidad?
     
  4. Dependiendo del área métrica que tenga el lote se establece la altura que pueda tener un edificio. Los dos predios comprados para Montana Tower suman, según el registro de Instrumentos públicos y Escritura Pública, mil 575 metros cuadrados. Pero en la solicitud de la licencia de construcción y Plan de Implantación aparecen mil 858 metros cuadrados. ¿De dónde aparecen estos nuevos  los 283 metros cuadrados? ¿Por qué la Secretaría de Planeación no observó esta anomalía?
     
  5. Por qué el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Montería no se respeta. Así ha sucedido desde el Acuerdo 018 de 2002, al cual le hicieron 33 Decretos, todos firmados el mismo día. Allí algunos de estos definieron lo que eran los Planes de Implantación, pero no cobijaron a complejos multifamiliares. Tan es así que en noviembre de 2016, en un debate en el Concejo, el secretario de Planeación de ese entonces, de apellido Abuchar, dijo que no aplicaban a Montana Tower.
     
  6. En el año 2004 la Alcaldía expide la Resolución 4032. Allí se crean las Unidades de Planeación y se establece una tasa de edificabilidad para el barrio El Recreo y otras zonas.
     
  7. En 2010 la Alcaldía expide el Decreto 029. Allí hacen un reajuste al POT. Allí mediante la Resolución 506 de 2011 se establece otro tipo de edificabilidad: diez pisos como máximo. La Resolución 4032 de 2004 queda vigente en algunas de sus partes, hasta el 2011.
     
  8.  En el año 2014 expiden la Resolución 2126. Esta sí deroga en su totalidad a la 4032 de 2004.
  1. Cuando Montana Tower solicita su Plan de Implantación el 12 de diciembre de 2013 la Resolución vigente era la 506 de 2011. Pero le aprobaron el Plan de Implantación con la Resolución 4032. Se dan cuenta de que se equivocaron y la Alcaldía saca la Resolución 2132 de 2014 en donde crea un parágrafo a la 2126 de 2014 que dice que todos los Planes de Implantación aprobados hasta la fecha de vigencia de la 4032 quedan aprobados. El permiso a Montana Tower lo corrigen con la Resolución 2126 de 2014 que jamás fue publicada en la Gaceta Oficial, requisito legal para entrar en vigencia. Solo hay que leer el artículo de la Ley 1437 de 2011 que tiene que ver con la publicación de los Actos Administrativos de carácter general. Ese es nuestro gran problema, no respetar la Ley, porque como todo mundo no la respeta, no va a pasar nada. Debe quedar claro que aquí no se cuestiona la validez, sino la eficacia del Acto Administrativo que otorgó la licencia.    Esto no se trata de estar en contra del desarrollo de la ciudad ni de los constructores o urbanizadores, se trata de que tenemos que aprender a respetar la normatividad urbanística. Y lo más importante, se trata de exigirle a la Alcaldía que tenga normas claras y diáfanas en lo que tiene que ver con el POT, uso del suelo y planes de implantación. Tienen que dejar de ser selectivos en la interpretación de dichas normas, en el sentido, de que a unos sí les permiten hacer lo que les venga en gana, y a otros no. Por último, queda un sinsabor ver que la asesora jurídica de una Alcaldía sea después la defensora, y familiar por afinidad, del dueño o socio de semejante proyecto. 

    Para rematar, sería bueno que esta etapa la abogada María Angélica Negrete, quien siempre se ha referido a mí, en privado y en público, como un “muerto de hambre” y “periodista extorsionador”, a quien siempre le pagan por lo que escribe, se pronuncie y aporte las pruebas de quien me está pagando por escribir lo que pasó con la licencia de Montana Tower. 

    @Tonsanjr

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