En debate en el Concejo de Montería, Policía y Alcaldía, asumieron nuevos compromisos para enfrentar la inseguridad en la ciudad.

A instancias de un debate citado por la concejala Liliana Yúnez Luqueta y la participación activa de todos los concejales, la Policía Metropolitana y la administración municipal asumieron revisar estrategias de seguridad y la utilización del sistema de cámaras para enfrentar la inseguridad urbana y rural, una de las mayores problemáticas que denuncia la ciudadanía.

Después de una cascada de inquietudes y cuestionamientos por los pocos resultados operacionales basados en cámaras de seguridad, los concejales lograron evidenciar que solo la mitad están funcionando y el resto están dañadas y esperando mantenimiento.

El concejal Leonel Márquez, fue contundente al afirmar que después de hacerle una inversión cercana a los seis mil millones de pesos en la última década, no es posible que el sistema de cámaras de seguridad no sirvan para resolver casos de inseguridad porque la mitad están fuera de servicio.

Insistió en que son ínfimos los resultados, pero que existe la necesidad no solo de solucionar el problema sino replantear la estrategia ofensiva y de prevención del delito por parte de la Policía.

En ese mismo sentido, hizo un vehemente pronunciamiento el concejal Carlos Zapata cuando aseguró que si las cámaras de seguridad se están dañando es porque no son de calidad, “entonces hay que exigirle al contratista al interventor que respondan por el sistema”.

Además se preguntó ¿por qué cuando hay momentos críticos en seguridad salimos a denunciar que las cámaras no sirven?. Aprovechó la presencia en el recinto del comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Fredy Correa para invitarlo a que cuando esas fallas se presenten y que no son de su resorte, haga las denuncias correspondientes, porque siempre serán los primeros en ser cuestionados por la ciudadanía.

Ante ese caso, el secretario de gobierno de Montería, Arturo Mercado, asumió la responsabilidad de reparar y poner al servicio la totalidad de las cámaras de seguridad en febrero de 2019.

Así mismo, anunció que dotarán a la Policía de nuevas herramientas tecnológicas y fortalecerán el parque automotor con más motocicletas.

El comandante de Policía Metropolitana aseguró tener identificados sectores de la ciudad que requieren no solo intervención policial, sino administrativo, y en un trabajo conjunto de inteligencia se entregarán resultados en próximos días.

El oficial que apenas tiene 4 meses al frente de esa comandancia, dijo que uno de los mayores problemas sociales y que se asocia con delitos como hurto, es el aumento progreso de habitantes de calle. Según las estadísticas de la institución el 70 por ciento de los robos son cometidos por estas personas.

En ese sentido también se pronunció el concejal, Aldrin Pinedo, que señaló que es preocupante que en la ciudad existan sitios que sirven como ‘hospedaje’ de los habitantes de calle, sin que exista respuesta de intervención administrativa.

A su turno el concejal Leonel Marquez, dijo que en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la necesidad de caracterizar a ese grupo poblacional que en su mayoría son enviados de otras ciudades, incluso del interior del país, y Montería como ciudad receptora no hace nada y el problema aumenta.

El concejal, Amaury Contreras Ubarnes, dijo que Montería urge de un plan inmediato para intervenir áreas vulnerables y atender a los habitantes de calle, con un Centro Integral que está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal.

Al final la citante del debate, concejala Liliana Yúnez, aseguró que dentro de los compromisos asumidos en el debate está la revisión de estrategias y el sistema de seguridad. Así mismo, el estudio financiero que permita fortalecer el presupuesto de seguridad para nuevas herramientas tecnológicas con drones.

El debate permitió evidenciar los problemas de la ciudad, expresar respaldo a la Policía como institución que debe velar por la seguridad de todos, y que los ciudadanos también aporten informando y denunciando actos sospechosos o la comisión de delitos para que la fuerza pública pueda actuar de manera preventiva.

Los compromisos serán revisados periódicamente, aseguró la citante del debate.

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