Resolución que define topes de gastos de campaña es un saludo a la bandera.

Con esas palabras definió el abogado monteriano y experto en asuntos electorales, Rafael Hernández Mestra, la resolución del Consejo Nacional Electoral que definió los topes de gastos de campaña política para las elecciones del mes de octubre de 2019.

En entrevista con el noticiero #GSNoticias por Montería Radio 38 Grados, el profesional del derecho aseguró que esas resoluciones son un saludo a la bandera porque no hay autoridad que ejerza un verdadero control y los políticos violan la normatividad con dos libros contables.

Sanciones

Las sanciones administrativas consisten en multas, pérdida del cargo, suspensión o cancelación de la personería jurídica del partido o movimiento, e incluso su disolución. Asimismo, la Ley 1864 de 2017 sanciona penalmente la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en campañas y la omisión de información del aportante, con penas consistentes en multas y prisión. Por otra parte, los funcionarios públicos (no los servidores miembros de corporaciones de elección popular) que hagan aportes se harán acreedores de las sanciones disciplinarias de la Ley 734 de 2002.

Adicionalmente, la Ley 1778 de 2016 consagró nueva inhabilidad para quienes financien más de 2,5% de la inversión permitida en campañas a presidencia, gobernaciones o alcaldías, para contratar con la entidad para la cual fue elegido el candidato por el término en el que desempeñará el cargo. La inhabilidad se extiende a las personas dentro del 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o 1° civil del financiador; y a sociedades existentes o a constituirse, distintas de las anónimas abiertas, en que el representante legal o sus socios hayan financiado la campaña. Los contratos de prestación de servicios profesionales están excluidos de esta norma.

Contexto

El Consejo Nacional Electoral les notificó a todos los partidos políticos los topes máximos de gasto de las elecciones de octubre de 2019.

Con base en ello y teniendo en cuenta el último censo electoral para Córdoba, el tope máximo sería de $2.118 millones y para Montería de $1.477 millones.

Para los departamentos con más de 4 millones de censo electoral será de $4.276 millones; para los que tienen entre 3 y 4 millones de ciudadanos aptos para votar, el gasto podrá ser de $4.180 millones; para los que van entre 3 millones y 1,5 millones de censo será de $2.118 millones; para los de censo electoral de 690.000 y 885.000 es de $1.774 millones; para el censo electoral entre 400.000 y 690.000 es de $1.172 millones; para departamentos de censo entre 200.000 y 400.000 es de $1.300 millones, y finalmente para los de censo electoral de menos de 200.000, el tope es de $1.104 millones.

El más reciente censo electoral actualizado por la Registraduría en el departamento de Córdoba, advierte que es de un millón 252 mil 77 personas habilitadas para votar, hecho que variará al momento del cierre de inscripciones de cédulas para los comicios locales y regionales.

Compartir

Compartir

Google+ Pinterest