Se revelan los cargos por los que EEUU acusa al abogado monteriano, Leonardo Pinilla y el exfiscal Luis Gustavo Moreno

Se dieron a conocer los cinco cargos por los cuales lo acusa el Distrito Sur de Florida en un documento de diez páginas firmado por el fiscal Benjamin G Greenberg y sus asistentes Juan Antonio González y Lynn M. Kyrkpatrick. Se trata de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y lavado de dinero.

Moreno ha dejado saber que la justicia norteamericana tiene prioridad en su estrategia de defensa. En la audiencia de imputación de cargos en Bogotá, a la que él asistió vía teleconferencia desde la cárcel La Picota, dijo claramente: “Quiero y deseo ir a los Estados Unidos de Norteamérica”.

Ese escenario podría concretarse pronto. En el escrito de acusación (indictment en inglés) quedó claro a qué se enfrenta en Estados Unidos. El documento relata con detalle los hechos que llevaron a la justicia de ese país a poner sus ojos en él y dan indicios de lo que podrían tener los fiscales de ese país contra otros colombianos. La justicia norteamericana, según quedó consignado en el texto, inició las investigaciones desde abril de 2017 en el condado de Miami-Dade en Florida y concluyeron el 26 de junio de 2017 en ese mismo lugar.

De acuerdo con el documento, el abogado Leonardo Pinilla fue el encargado de contactar al exgobernador de córdoba Alejandro Lyons por lo menos en dos ocasiones a través de la aplicación encriptada Telegram. El penalista, a quien la justicia hoy conoce con el alias de ‘Porcino‘ le vendió la idea de presentarse como el apoderado de Luis Gustavo Moreno y explicarle que le podían ofrecer información confidencial respecto a la investigación adelantada en su contra en Colombia.

En concreto, la Fiscalia de Estados Unidos tiene las transcripciones de dos mensajes envíados por Leonardo Pinilla a Lyons. Un audio de telegram fechado del 24 de mayo de 2017 en el que “Porcino” advierte a el exgobernador que llegará a Miami al día siguiente y otro del 17 de junio en el que Pinilla adjunta a la conversación un mensaje encriptado de whatsapp envíado por Luis Gustavo Moreno acerca del dinero adicional solictado en la transacción.

Posteriormente, precisa el escrito, Pinilla fue también el hombre que concertó la cita entre las tres partes en Miami, Florida, donde Rivera le indicó a Lyons que lo ayudaría a cambio de un pago de 400 millones de pesos colombianos sumado a otra entrega de 40 mil dólares americanos.

El “paquete” debía incluir la identificación de los testigos que declararon en contra del exgobernador en Colombia, además de la divulgación del contenido de esas declaraciones, -lo cual le daría la oportunidad de desacreditarlas- así como una asesoría jurídica y la asignación de múltiples casos a los fiscales de la unidad anticorrupción para que no tuvieron tiempo que dedicar a la investigación del antiguo mandatario de Córdoba.

Para asegurar el pago, Moreno Rivera insistió en que Lyons le entregara un adelanto de 10 mil dólares a Leonardo Pinilla, quien a su vez se los daría al ex fiscal en un baño de un centro comercial situado en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, frente a la concurrencia del lugar público se decidió que la transacción se haría en el coche privado de Alejandro Lyons, dónde efectivamente tuvo lugar el intercambio que tiene en estos momentos presos al antiguo jefe de la unidad anticorrupción.

A diferencia de Moreno, que ya hizo pública una estrategia de defensa que incluye la aceptación de cargos y el acogimiento a un trámite de extradición exprés, en el caso de Pinilla aún es un enigma qué rumbo le vaya a dar a su defensa. Este portal confirmó que Pinilla inició contacto con Humberto Domínguez, un reconocido abogado cubano norteaméricano, experto en negociaciones con la justicia estadounidense. Domínguez fue el apoderado de Víctor Patiño Fómeque, a quien convenció de no ir a juicio y declararse culpable. También representó a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, y a Fabio Ochoa. Dicen que quien lo contrata, lo hace porque está seguro de que va a colaborar con la justicia.

En el documento se mantiene otra de las dudas del escándalo y es la de la cantidad de dinero que recibió en su momento Luis Gustavo Moreno, ya que en su primera audiencia en Colombia el sólamente aceptó haber recibido 3 mil dólares, en tanto que el escrito de acusación norteamericano asegura que le fueron entregados 10 mil dólares.

Lo que viene

La dupla Pinilla-Moreno comenzará una carrera por quién logra entregar más y mejor información a los Estados Unidos. El sistema penal de ese país se basa en los beneficios a cambio de delaciones, y por eso se anticipa que ambos se la jugarán por negociar con la Fiscalía norteamericana. A la fecha se sabe que contra ellos existen interceptaciones desde mayo pasado. Sin embargo, desde la fecha en que se activaron las escuchas no hay una sola comunicación entre ellos o con el exgobernador Alejandro Lyons.

Por esta razón, las redes sociales de ambos se convertirán en la pieza fundamental del escándalo. En Colombia, este material no puede ser utilizado pues los celulares de alta gama, en especial los Apple, no permiten ser abiertos si el usuario no entrega la clave. Y tanto Moreno, como Pinilla tendrían derecho a guardarla para no autoincriminarse.

A eso se suma que sistemas como Telegram y Whastapp basan la confianza que tienen con sus usuarios en el hecho de que no permiten las interceptaciones judiciales, a menos de que la compañia de la orden. El tema ha sido polémico en el mundo entero y ambos sistemas de mensajería se han negado a colaborar con procesos judiciales. Se sabe que la Fiscalía colombiana podría tener en celulares de baja gama, que le fueron incautados a Pinilla, algunas pistas. Pero lo que existe en esos celulares, como lo demostró el caso de Otto Bula, se convierte en la pieza clave cuando uno de las partes de la conversación los entrega.

El Fiscal General de la Nación indicó el viernes que la colaboración entre los gobiernos colombianos y estadounidenses había permitido el acopio de información referida al caso del exfiscal anticorrupción, así como de otras indagaciones que se desarrollan en suelo norteamericano. Martínez agregó que estaría de acuerdo con la posibilidad de que se concrete un preacuerdo entre el exgobernador de Córdoba y la justicia colombiana, siempre y cuando este no signifique una inmunidad total y permita indemnizar los daños causados por conductas que “afectaron al patrimonio público de Córdoba en las dimensiones que conoce el país”. También precisó que ya existían contactos avanzados entre los abogados de las dos partes establecidos con ese objetivo.

Compartir

Google+ Pinterest

Leave a Reply